La voz de las enfermeras se oye en las Cortes de Aragón

17 octubre 2018

La Plataforma para la normalización del Grupo A comparece en las Cortés de Aragón para denunciar la discriminación del grupo A2

En su comparecencia denunciaron que el borrador del Anteproyecto de Ley de función pública impide el acceso a puestos directivos a todos los profesionales del grupo A2 y también los veta como investigadores efectivo en los grupos de investigación.

La Plataforma por la normalización del Grupo A,  cuya constitución fue promovida por SATSE en el mes de junio de éste mismo año, y de la que forman parte además del Sindicato de enfermería, los colegios de otros profesionales que actualmente pertenecen al grupo A2 ( enfermería, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, y trabajadores sociales) ha criticado en las Cortes de Aragón  la “discriminación injustificada” que recoge el borrador de la ley de la función pública aragonesa con los profesionales encuadrados en el grupo A2

El vicepresidente de la Plataforma para la Normalización del Grupo A en Sanidad, Enmanuel Echániz, reclamó esta mañana durante su exposición en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes que la futura ley de la función pública en Aragón rectifique el “uso torticero” que se ha hecho con la clasificación de los funcionarios para el acceso a los puestos de dirección y a la subvenciones para los grupos de investigación.   

“No encontramos ninguna justificación al hecho de que para acceder a determinados puestos directivos el funcionario deba pertenecer al grupo A1. No hay ningún argumento objetivo por el que cualquier profesional de este grupo esté más capacitado que cualquier otro del grupo A2”, ha asegurado Echániz, quien ha alertado de que “este problema afecta a muchos profesionales porque estamos los profesionales sanitarios, pero también es extrapolable al mundo de la Educación, lo que representa unos 20.00 afectados más”, ha calculado.

Desde la Plataforma se ha destacado igualmente que, según el redactado de la norma, “sólo pueden acceder a las subvenciones los doctores del grupo A1 que sean investigadores principales, pero nadie que hace el doctorado sale con esa diferenciación”. “Si se limita al A1 es discriminatorio para el resto”, ha criticado.

El compareciente ha recordado que desde la implantación del Plan Bolonia, se pasó de distinguir entre licenciados y diplomados a una única titulación de estudios universitarios, la de grado. Pero ello no ha tenido reflejo en la clasificación de los empleados públicos al diferenciar en el grupo A dos subgrupos A1 y A2. “Cuando ustedes se reúnan, tengan en cuenta que esto no puede ser así. Ponemos ejemplos de las normativas de otras comunidades autónomas y en ellas nada tiene que ver el grupo, sino la formación y los méritos”, ha explicado. 

El portavoz de esta plataforma ha puesto como ejemplo la circunstancia de que en el Gobierno de Aragón “haya dos consejeras diplomadas en Magisterio que, según esta directriz, no podrían desempeñar la labor que realizan sus subordinados, pero sí pueden ser consejeras de su departamento”, ha declarado.

Fernando Galve ha sido el encargado de dar voz al Grupo Popular. Según ha descrito, “tres años y medio después del inicio de la legislatura todavía no ha puesto en marcha el Gobierno la ley”. “Como tantas otras”, ha añadido en el mismo sentido de crítica. Para él, esta situación genera que “existan profesionales que no pueden acceder a distintos puestos”. “Mi Grupo insta a Hacienda y Función Pública a que les dé una solución y es curioso que los grupos de apoyo al Gobierno les pregunten a ustedes”, ha considerado.

El socialista Enrique Pueyo ha recordado que “en otras comunidades han legislado para que todos los funcionarios del Grupo A puedan ser designados y otras no se especifica”. “Es verdad que tendríamos que ir en la línea de otras comunidades”, ha añadido en esta misma línea. El portavoz socialista en esta comparecencia ha trasladado a los participantes en la Comisión que “recoge sus peticiones” y “espera que se pueda llegar a buen puerto” en esa línea.

Por parte de Podemos, Itxaso Cabrera ha recordado que “en febrero de 2018 se anunció la tan esperada y demandada Ley de Función Pública”. “El Gobierno sacó pecho en esa defensa y viene tarde. Al Ejecutivo le falta diligencia”, ha criticado en este sentido. Según ha explicado Cabrera, “cuando llegue el texto, en la fase de enmiendas, tendrán el apoyo” de su formación. “Estamos dando empuje a un Gobierno lento en la acción pero rápido en los titulares”, ha manifestado esta diputada.

Para Lucía Guillén (PAR), son “dos cuestiones justas”. “No piden, ni más ni menos, que se cumpla en Aragón lo que se establece a nivel de legislación estatal”, ha explicado esta portavoz. Además, la diputada de esta formación también ha considerado que “el problema, tal y como han transmitido, surge de la propuesta de englobar a los sanitarios correspondientes en A2”. “No se debería o no tiene lugar hacer la diferenciación en la Ley de la Función Pública aragonesa”, ha añadido.

Desde Ciudadanos, Jesús Sansó ha trasladado a los comparecientes “la comprensión” de su formación y su “apoyo personal”. “En España nos ponemos trabas en las carreras profesionales y, mientras, nuestros jefes mienten y hacen trampas con sus títulos y los jóvenes más preparados tienen que emigrar”, ha criticado. Para él, “el que vale, vale”. “Nuestro reconocimiento a su labor y recogemos sus peticiones para análisis y debate”, ha añadido durante su intervención.

El diputado de CHA Gregorio Briz ha pedido conocer “qué opinan los sindicatos de esto” porque “es cuestión de voluntad política y de conformar mayorías”. “No entiendo que nadie con cierto planteamiento cabal crea que esto tiene que resolverse”, ha añadido. En opinión de este parlamentario, encargado de dar voz en esta comparecencia al Grupo Mixto, “políticamente es una cuestión de raciocinio” y “regúlese en función pública el tema de la alta dirección”.